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El que los cárteles de la droga operen en Colima es propicio para el lavado de dinero en la entidad, ello les permite encubrir fondos generados por actividades ilícitas, como tráfico de drogas, corrupción, trata de personas, extorsión, contrabando de armas y evasión fiscal, entre otros.
El problema es real y no es nuevo. Durante varias décadas han existido hechos confirmados –como el caso de José Cirilo Ocampo Verdusco (JOV)- y muchos otros que han estado en investigación no sólo por las autoridades locales, también por el gobierno de los Estados Unidos, quienes mantienen en la mira a empresas en Colima por lavado de dinero.
En el estado se ha visto cómo a lo largo de los años nacen grandes negocios que de repente abren, en ocasiones son tiroteados o incendiados. Por la ciudad se pasean vehículos costosos y cada vez hay más opulentas propiedades, principalmente en la zona norte; siendo que cualquier sueldo honesto en Colima no da para tener esos beneficios.
Los negocios que se han realizado, muchos de manera ilegal, han sido a la sombra del poder. Los gobiernos municipales, estatales y federales no han cumplido de manera eficiente con evitar que se siga dando el lavado de dinero. Este fenómeno, aunado a la expansión de los cárteles de la droga, sólo es posible con el apoyo de autoridades de los diferentes niveles.
Y aunque Colima es considerado uno de los estados con mayores operaciones de presunto lavado de dinero, son casi nulas las investigaciones, ni que decir de los resultados de éstas. No existen. Ni sanciones a empresas ni a personajes implicados en ese delito.
LAVANDO DINERO DEL NARCOTRÁFICO
Salvo el caso de Cirilo José Ocampo Verdugo (JOV), hace más de 20 años (en 1999), no se conoce otra detención por lavado de dinero en Colima, aun cuando las autoridades han denunciado que existen rastros de esta práctica.
En febrero de 2018, en una entrevista radiofónica, el actual gobernador del Estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, lo dijo: hay lavado de dinero en la entidad. Y acusó a empresarios locales de tener vínculos con el crimen organizado.
El mandatario afirmó que tenía una lista de empresarios que “están lavando dinero del narcotráfico” y exigió la participación de todos los niveles de gobierno, del sector privado y de la misma sociedad para terminar con la inseguridad que cada día asesina a más personas.
Tras señalar que “hay unos peores que otros”, dijo que “un empresario vino a casa de gobierno preocupado. Estamos de acuerdo, hago autocrítica, pero necesitamos que participe la sociedad. -Y le dije-, si quieres te paso la lista de empresarios que están lavando dinero del narcotráfico. Tenemos elementos para detectar operaciones irregulares”.
Después se lavó las manos al manifestar que las facultades de su administración eran limitadas para investigar el lavado de dinero, aunque agregó que tenían operaciones sospechosas para dar reporte a las autoridades competentes.
Además, debido a la fuerza de sus declaraciones, se echó para atrás y trató de disimular su versión manifestando que la lista a la que se refería que tenía en su poder, no era de empresarios locales y que había sido publicada en los periódicos.
Un año después, en 2019, el director general de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, el capitán Héctor Mora Gómez, era acusado por el senador Antonio Martín del Campo, de estar implicado en lavado de dinero del narcotráfico. Según el panista, el funcionario federal había enfrentado cargos por presuntos actos de lavado de dinero y tráfico de drogas en Estados Unidos. La versión fue calificada como “un invento” por el capitán.
En enero de este 2020, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el país, Santiago Nieto Castillo, reveló que había tres casos de lavado de dinero en Colima que estaban siendo investigados, los cuales estaban relacionados con el puerto de Manzanillo. Se trataban de actividades comerciales agrícolas y casas de cambio, expuso sin dar más detalles.
Reportes de 2014 de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), apuntaban a Colima entre los estados donde desde 2007, se registran más de 2 mil 800 acciones fiscales y financieras fuera de norma, las cuales pudieran configurarse como lavado de dinero, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Paralelamente, los incidentes con tufo de narco y lavado de dinero se han presentado en la entidad. Por mencionar algunos: el 16 de abril de 2017 se reportó un atentado contra el lote de autos Automotriz Ruiz en el municipio capital, sujetos realizaron disparos desde un vehículo; el 28 de enero de 2012 balearon a un sujeto en el lote de autos Kolimán Automotriz, localizado por el Tercer Anillo Periférico de la ciudad; el 8 de septiembre de 2010, balearon otro lote de autos, en Villa de Álvarez.
FOCOS ROJOS, EN LA MIRA
Entre las empresas o negocios acusadas de vínculos con el narcotráfico en el país, existen casas de cambio, gasolinerías, venta de vehículos, hoteles, farmacias, bienes raíces, desarrollos turísticos, agrícolas, de inversiones y residenciales.
Para el lavado de dinero, existen muchas actividades que pueden disfrazarlo, como transferencias electrónicas, giros en efectivo, o depósitos en tarjetas de prepago en tiendas de conveniencia y la compra de pólizas de seguro.
Recientemente, en el mes de marzo de este año, el gobierno del país del norte dio a conocer que mantenía investigaciones de cuatro empresas en Jalisco y Colima: dos restaurantes, una gasolinera y una organización de inversiones por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización narcotraficante “Los Cuinis”.
Una de ellas es GBJ de Colima, S.A. de C.V., una gasolinera localizada en Villa de Álvarez. Esta compañía es propiedad o es controlada por Diana María Sánchez Carlón, a quien la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) designó el 19 de agosto de 2015, por ayudar a Abigail González Valencia en sus actividades de tráfico de drogas y desempeñar un rol importante en la administración de sus activos.
Mientras, en febrero también de este año, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reveló que daba seguimiento puntual al desarrollo del CJNG y pretendía detener a Nemesio Oseguera Cervantes, quien –asegura la dependencia norteamericana- se esconde en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, sin permanecer estático en un solo lugar; y mencionó que los cárteles utilizan monedas virtuales para lavar dinero ilícito, dificultando la localización.
Pero este fenómeno no es nuevo en la entidad, a principios de 2008, el entonces diputado local panista, Jorge Octavio Íñiguez Larios, manifestó su preocupación declarando que había mucha gente estaba llegando y comprando ranchos, “aparecen propiedades de la noche a la mañana; hemos visto cómo a últimas fechas han proliferado lotes con venta de carros de lujo que llaman la atención”, advirtió.
En esas mismas fechas se dio un enfrentamiento con armas de alto poder en un negocio de automóviles ubicado al sur de la ciudad capital, en el que murieron tres personas y una más resultó gravemente herida. Al respecto, el entonces gobernador, Jesús Silverio Cavazos Ceballos negó que se tratara de “ejecuciones”. Tres años más tarde él sería ejecutado afuera de su domicilio.
Para enero de 2011, el empresario Eduardo Caballero Chávez fue capturado en Manzanillo por su presunta participación en actividades de narcotráfico y lavado de dinero, había sido ubicado en un inmueble de la colonia Lomas Verdes de la Ciudad de Colima. Casi dos años y medio después fue absuelto por un juez federal.
Una década antes, el llamado “Rey de las cajas populares”, José Cirilo Ocampo Verdugo, fue acusado de lavado de dinero y fraude, sus negocios millonarios se mantuvieron durante mucho tiempo con dinero ilícito y estafando a miles de personas.
EL COLIMA DE JOV
La historia de Ocampo Verdugo en Colima inició en los 90’s, cuando en tres años se convirtió en un próspero empresario, con más de 30 propiedades adquiridas y una decena de negocios creados al amparo de los recursos que depositaban los miembros de sus Cooperativas Cajas Populares del Pacífico S.C.L.
El veracruzano había creado una gran red de lavado de dinero, según autoridades de Estados Unidos y México. Sus operaciones eran encubiertas a través de 25 cajas populares, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, utilizando el dinero de ahorradores con el llamado Cártel de Colima, con lo que creo decenas de empresas en diferentes ramas. Movió fortunas a través de cientos de cuentas en Bancomer, Serfín, Promex, Bital, Bilbao-Vizcaya y Bancrecer e hizo trasferencias al exterior por millones de dólares.
Al igual que muchos cárteles de la droga, JOV había elegido Colima para incrementar su imperio. El empresario llegó a la entidad aquí en 1994, un año después de ser procesado judicialmente por irregularidades en la administración de la Cooperativa Caja Popular Los Dos Laredos, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Paralelamente abría cooperativas en otros 23 estados del país, instalando 458 oficinas con apariencia de pequeñas y confiables sucursales bancarias. Para 1997 sus negocios manejaban centenares de chequeras en la banca nacional, además de una serie de cuentas concentradoras, adonde aparentemente iban a dar los excedentes de las cajas populares.
La mayoría de las inversiones se encontraban en la entidad, en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Comala. JOV presumía ser el patrón de seis mil personas y de poseer una flotilla de 300 vehículos al servicio de sus negocios, que además eran abastecidos de combustible por Operadora Gasolinera JOV, S.A. de C.V.
Había indicios que hacía desconfiar de su creciente riqueza. En diciembre de 1995, los ahorradores defraudados se organizaron y formaron una asociación civil para pelear su dinero, que sumaba más de 20 millones de pesos. En 1997 Ocampo Verduzco salió librado judicialmente y arrebató el manejo de la caja de ahorros a los defraudados.
Fue hasta 1999, cuando aparentemente cometió un error, que las autoridades extranjeras, principalmente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo puso en la mira. Desde ahí comenzó su declive. Lo que las autoridades en Colima y el país no habían realizado, otro gobierno norteamericano lo tuvo que hacer.
En el Congreso local se observa que los negocios del veracruzano eran objeto de debate en sesiones plenarias, ya se especulaba que estaba lavando dinero del narcotráfico.
Finalmente las autoridades dictaron el año 2000 auto de formal prisión contra JOV, por operar un sofisticado sistema de “lavado de dinero” del crimen organizado. Tanto en Tamaulipas como en Colima, fue acusado por ser prestanombres de los hermanos Amezcua.
LOS INMUEBLES SIN DUEÑO
¿Y qué ha pasado con todos los bienes de Ocampo Verdzco? ¿O con todas las propiedades de Juan Manuel Salcido Uzeta, “El Cochiloco” –por ejemplo-? Entre ellas, con su rancho “Jayamita”, en Coquimatlán, en donde el 10 de febrero de 1994, dirigentes del PRI y destacados líderes de esa formación política en la entidad, le ofrecieron al aspirante presidencial, Luis Donaldo Colosio, una comida por su cumpleaños.
Otro caso: El de los hermanos Amezcua; en enero de 2014 Adán Amezcua Contreras y varios de sus familiares solicitaron a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) la devolución de 126 inmuebles y 4 cuentas bancarias que les fueron aseguradas desde hace 15 años.
Los medios de comunicación señalaron que los inmuebles de los narcotraficantes nunca fueron puestos a disposición de un juez federal, de ahí que la hermana, Patricia Amezcua Contreras, reclamó el dinero en cuentas bancarias abiertas en sucursales de Colima. Además de algunos lotes y construcciones.
Prácticamente muchas continúan en el limbo. De las que más se conoce es de las propiedades de José Cirilo Ocampo Verduzco. Mientras en este caso muchos ciudadanos perdieron su dinero –hubo hasta suicidios como consecuencia-, en junio del año pasado el Gobierno del Estado aseguró que continuaba la batalla legal para que se les pague a los defraudados.
Luego de sostener una reunión con los integrantes de la Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses A.C., el titular de la Consejería Jurídica, Luis Alberto Vuelvas Preciado, aseguró que se realizan acciones para dar solución a la brevedad posible, a pesar de que han pasado casi dos décadas sin resultados favorables.
Agregó que siguen buscando que el Servicio de Administración y Enajenación de bienes (SAE), que tiene decomisados los bienes inmuebles y los administra, por lo que no es posible ponerlos a la venta y entregar los recursos a los 3 mil 944 defraudados; porque se incurriría en diversos delitos tipificados en el Código Penal Federal y en Código Penal del Estado de Colima.
Luego de recordar los antecedentes jurídicos del fraude cometido por la Caja Popular de Cirilo José Ocampo Verdugo, sostuvo que existe un diálogo asertivo con el SAE, para buscar los mecanismos que deriven en un convenio y ambas partes desistir de la vía legal, para poder vender los inmuebles y resarcir el daño causado al patrimonio de los ahorradores.
Mientras, el gobierno federal ha estado subastando algunas propiedades que pertenecieron a narcotraficantes o estuvieron inmiscuidas en el lavado de dinero. Apenas el año pasado el gobierno federal publicó una convocatoria para participar en la Sexta Subasta Social, que tendrá lugar el 14 y 15 de diciembre en Los Pinos, en la Ciudad de México, entre cuyos lotes estaba uno que ofrece una casa que se encuentra en la colonia Colinas de Santa Bárbara, en Colima.
Además, la administración pública comunicó en un boletín de prensa que en total se ofertarían 628 lotes, de los cuales cinco son inmuebles y se encuentran en los estados de México, Colima, Guanajuato y Sinaloa. El apartado de subastas en línea dio cuenta de que también se ofrecía un terreno de 6 mil 420.68 metros cuadrados, ubicado en el kilómetro 608 del tramo carretero Campos-Cuyutlán.
En junio de 2019 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) publicó otra convocatoria para realizar una subasta. De acuerdo con la información difundida, en esa subasta estaba a la venta una residencia ubicada en calle Trucha, Fraccionamiento Club Santiago, en Manzanillo, la cual fue vendida por 2 millones 640 mil pesos, operación que contó con el mayor sobreprecio respecto al monto de salida.
Por otro lado, las medidas para evitar el lavado de dinero han sido insuficientes. A pesar de que en julio de 2012 el Congreso del Estado aprobó reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales de la entidad, a fin de prevenir y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo, las leyes han sido letra muerta.
“Se establecen como delito las operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, el lavado de dinero, además de que será catalogado como delito grave, con una penalidad de 5 a 15 años de prisión y multa de mil a 5 mil unidades”, refiere la reforma que no ha sido probada en ninguna persona.
Recientemente, en febrero de este año, hubo una detención por lavado de dinero. No fue en Colima, ni en México, sino en los Estados Unidos. Jessica Johana Oseguera, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación que opera en la entidad; fue detenida en el país del norte por este delito.
Negocios ilegales como el lavado del dinero y el tráfico de drogas, siguen estando a la vista de todos, a veces en complicidad con las autoridades, y nadie hace mucho. Hay detenidos eventuales, pero son los menos. La impunidad continúa imperando en Colima.
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