Por: MéxicoCodigoRojo
El cierre del sexenio de la llamada Cuarta Transformación evidencia cómo el discurso de austeridad y combate a la corrupción contrasta con los actos de sus figuras más cercanas. En este caso, el hijo de Manuel Bartlett, director de la CFE, ha acumulado contratos por más de 181 millones de pesos gracias a asignaciones directas de diversas dependencias gubernamentales.
León Manuel Bartlett Álvarez, al frente de empresas que aparentemente cuentan con un acceso privilegiado a los recursos públicos, se ha beneficiado no solo de contratos millonarios sino también de un ambiente político que parece diseñado para blindar y fortalecer a los «allegados». Desde mobiliario y ropa de cama hasta equipos especializados para la Sedena, sus negocios demuestran que el gobierno federal no solo otorga preferencia a ciertos proveedores, sino que lo hace sin rendir cuentas claras ni permitir competencia.
Este fenómeno no es nuevo. Manuel Bartlett, protagonista de una de las trayectorias más polémicas de la política mexicana, ha sido señalado desde los años ochenta por prácticas cuestionables, incluida su influencia en las elecciones de 1988. Su mentalidad estatista y autoritaria parece haberse consolidado con la llegada de López Obrador al poder, quien comparte una visión centralista del Estado que prioriza el control político y económico en manos de unos cuantos.
Lo preocupante no es únicamente el enriquecimiento de un círculo cercano, sino el impacto que estas decisiones tienen en la credibilidad institucional. El manejo discrecional de recursos erosiona la confianza ciudadana y perpetúa un sistema donde los beneficios están reservados para los elegidos, mientras el resto de la población lidia con servicios públicos deficientes, instituciones debilitadas y una constante narrativa que prioriza la austeridad como pretexto para justificar carencias.
El caso del hijo de Bartlett no es una excepción, sino un reflejo de cómo la retórica oficial sirve para encubrir un modelo político que favorece intereses privados en detrimento de los principios democráticos y de justicia social.
¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse este discurso sin que la indignación ciudadana alcance un punto crítico?
