La Procuraduría capitalina lo considera uno de los principales extorsionadores telefónicos que operan desde el Reclusorio Norte. Su banda está integrada por al menos 20 reos y unas 10 personas en la calle. En lo que va del año ha logrado ocho cobros de entre 50 y 70 mil pesos.
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Esta historia, publicada por el semanario proceso en su edición de este domingo, que ya está en circulación, guarda una curiosa similitud con el escándalo Watergate, que obligó a Richard Nixon a renunciar a la presidencia de Estados Unidos, a mediados de 1974: un grupo de exempleados de servicios de inteligencia gubernamentales son llevados a juicio tras haberse descubierto que realizaban actividades de espionaje político.
El contexto: la contienda rumbo al 2012.
Detenidos el año pasado, fisgoneaban en las vidas públicas e íntimas de alcaldes, legisladores, gobernadores, secretarios de Estado…, pero con una inquietante excepción: evitaron husmear en la vida de Enrique Peña Nieto, el priista que ansía la silla presidencial. Esta era la versión de la PGR. Pero es otra la que sostienen los espías –todos exagentes del Cisen– encarcelados. Aseguran que actuaron “por órdenes de Los Pinos” y que sí espiaron al gobernador mexiquense, e incluso a su prometida, la actriz Angélica Rivera.
La llamada fue alrededor del medio día y no tardó más de un minuto. Del otro lado del auricular una voz anónima denunció que afuera de las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, uno de los empleados había “entregado documentos de manera sospechosa” a un individuo que no trabajaba ahí. Se trataba de un agente especializado en el manejo de “información reservada y datos sensibles” que aquel 4 de agosto de 2008 fue sorprendido “mientras volteaba nervioso a varios lados para ver quién lo observaba”.
Desde ese momento, Alejandro Rodríguez Rosas, jefe de departamento en la Subdirección de Investigación Metropolitana del Cisen, encargado de partidos y organizaciones políticas, quedó sujeto a vigilancia especial.
En los días siguientes se reportó que se “apreciaron actitudes” que corroboraron la denuncia: el funcionario facilitaba documentos a un grupo de exempleados del Centro que compraban información no sólo al Cisen, sino a personas con acceso a datos restringidos que laboraban en dependencias como la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, el Instituto Federal Electoral y hasta bancos y empresas telefónicas.
Este es el inicio de lo que habría de convertirse en una investigación especial, pues se enfocó a un grupo de exfuncionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que trabajaron durante dos décadas en los órganos de inteligencia civil hasta finales del sexenio de Vicente Fox y que, más tarde, durante 2007 y 2008, fueron “reclutados” para efectuar tareas de espionaje contra los principales actores políticos de cara a la elección presidencial de 2012.
Entre los sujetos espiados por este grupo había gobernadores, legisladores y secretarios de Estado, así como presidentes municipales, tanto perredistas como panistas y priistas. Pero en la lista resalta la ausencia de un personaje: Enrique Peña Nieto.
Una investigación ministerial de la Procuraduría General de la República consignada al Juzgado 18 de Distrito, con sede en el Reclusorio Norte, recopiló evidencias que apuntaban al gobierno del Estado de México como presunto responsable de las citadas actividades de espionaje, pero el hilo de la madeja no se siguió, según se desprende de documentos judiciales cuya copia tiene Proceso.
Días antes de la elección federal de julio de 2009, salieron a la luz datos acerca de los espiados; meses después, en noviembre, se difundieron también detalles, recopilados de manera ilegal, en torno a la vida privada de algunos políticos.
Funcionarios y policias
en las narcorredes del Edomex
La mañana del 20 de agosto de 2008, Noé Sánchez Avendaño comenzó a recibir varias llamadas telefónicas en su celular por parte de sus socios Josué Alexis Aguilar Trujillo, El Kiko, así como de Silverio Romero Varela, El Chino. Los tres eran miembros de una banda dedicada al narcomenudeo afincada en 15 municipios del Estado de México y que opera con la presunta protección de la Secretaría de Gobierno, la Policía Estatal, la delegación de la PGR y Los Zetas.
Sánchez Avendaño trabajaba como técnico radiólogo en un hospital de Toluca, la capital mexiquense, pero el dinero fácil pronto lo deslumbró. Entonces decidió meterse al narco.
Sus conexiones llegaron muy alto, tanto que, antes de ser asesinado, administraba 15 tienditas, se ligó a Los Zetas y, de acuerdo con su declaración ministerial, rendida como testigo protegido de la PGR (expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08), el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, permitió el posicionamiento del cártel de La Familia en toda la entidad y ordenó echar a Los Zetas del territorio mexiquense, lo que derivó en disputas y muertes, según refirió.
Aquella mañana, Sánchez Avendaño se acicalaba para salir a realizar sus actividades de costumbre. El teléfono sonaba y sonaba, hasta que por fin contestó. Del otro lado del auricular una voz era insistente:
–Queremos verte, Noé. Tenemos un dinero para ti y una información que darte.
–¿Qué información? –preguntó a sus amigos un tanto abismado.
–No te podemos decir por teléfono. Nos urge verte. Nos vemos a las siete de la noche en La Marquesa…
–Está bien. Ahí nos vemos.
Semanas antes de su muerte, Noé Sánchez había acudido a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para denunciar el secuestro de su hermano Mizraím Jonathan, de 28 años, quien supuestamente fue plagiado por miembros de la organización delictiva La Familia michoacana, quienes comenzaban a “limpiar” la plaza de Zetas y a coludirse con las autoridades mexiquenses para sentar sus reales en la entidad, lo que más tarde lograron.
Con base en la denuncia interpuesta por Noé Sánchez, la SIEDO integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/208/09, en la que el denunciante reconoció que tanto él como su hermano se dedicaban al narcomenudeo, por lo que la PGR determinó retenerlo. Luego se acogió al programa de testigos protegidos bajo el argumento de que “ya estaba harto de estar metido en ese negocio”.
Así fue como la PGR tuvo conocimiento de que el entonces delegado de la institución, José Manzur Ocaña –oficialmente declarado prófugo de la justicia –protegía una red dedicada a la venta de droga que operaba en 15 demarcaciones del estado de México con el apoyo de las policías estatal y federal.
A través de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08, la PGR también conoció los pormenores de los vínculos que comenzaban a tejer miembros de la organización delictiva La familia michoacana tanto con Manzur como con agentes estatales y miembros de la escolta del actual secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, cuyo entorno se ha visto envuelto en sospechas por las presuntas complicidades de su personal de confianza con el narcotráfico (Proceso 1664).
Las declaraciones del testigo protegido Noé Sánchez ante la SIEDO pronto comenzaron a cobrar forma en la realidad: el 11 de junio de 2008, por ejemplo, fue asesinado Braulio Hernández, quien se desempeñaba como escolta de Cuitláhuac Ortiz –exdirector de la Policía Ministerial y exescolta de Benítez Treviño –quien también fue ejecutado por su presunta relación con el tr
áfico de drogas.
Según las investigaciones de este caso, a Cuitláhuac Ortiz lo ejecutó el policía Manuel Magaña García, El Gris, quien dependía del comandante Javier García Carrasco, éste señalado como uno de los múltiples filtros de información al servicio de La Familia.
Extracto del reportaje publicado en la edición 1738 de la revista Proceso, ya en circulación.
Al menos tres personas murieron, entre ellas un civil que era estudiante de criminología en una universidad privada, y un menor resultó herido, tras un enfrentamiento entre militares y hombres armados, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
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La intranquilidad, la psicosis, el temor, han invadido a los tamaulipecos, mientras las organizaciones criminales hacen su papel con un aparente llamado a la tranquilidad, pese a las supuestas amenazas que ha habido a través de las redes sociales, en las que se advierten de posibles balaceras en esa entidad, que han provocado una serie de rumores, no comprobados, de enfrentamientos, por ejemplo en Nuevo Laredo, de los que no hay registro y uno real la noche de este sábado en la ciudad de Matamoros.
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Roberto Sánchez Arras, hermano de Pedro Sánchez Arras (a) “El Tigre”, tercero al mando del cartel de Juárez o de “La Línea”, fue detenido por elementos del Ejército mexicano en la población de Villa Ahumada, Chihuahua, como resultado de denuncias ciudadanas.
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Al filo de las 6 de la mañana, dos hombres fueron encontrados ejecutados en la carretera Acapulco-México, a la altura del kilómetro 32, amarrados de pies y manos, tirados boca abajo, con un disparo en la nuca y con una cartulina blanca con la leyenda firmada por Édgar Valdez.
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Un agente de la Policía Estatal Investigadora de Sonora murió y dos mas resultaron heridos al ser emboscados por desconocidos, quienes simularon un asalto a una negociación, para llevar a cabo el ataque.
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La Policía Federal recuperó las 18 toneladas de material explosivo que habían sido robadas horas antes a la altura del Kilómetro 049 de la carretera Saltillo – Monterrey, en los límites de Coahuila y Nuevo León.
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A las 20:10 horas de este viernes un joven fue ejecutado en pleno centro de la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, por un comando armado que portaba fusiles de grueso calibre.
Según testigos, los pistoleros le dispararon a la víctima, identificada como Jesús Armando Juárez Samaniego, de 36 años, cuando lo acompañaba una mujer, la cual resultó ilesa del atentado.
En el lugar de los hechos se encontraron decenas de casquillos para AK-47, “cuerno de chivo”, así como de AR-15.
En los Mochis otro joven asesinado
La ejecución de Guillermo Alonso Astorga Vega, de 20 años, ocurrió ayer a las 11:20 horas, por la calle Del Abeto entre Madero y Carranza, en la colonia Tabachines Uno, de los Mochis; fue ultimado con disparos de rifles AK-47 de los llamados ‘cuernos de chivo’, por un grupo de sicarios cuando circulaba a bordo de un Jetta de color blanco, con placas de circulación UKH 96-89 del Estado de Sinaloa, el cual está a nombre de Josefina Rubio Corrales, ex esposa del abogado Jesús Peinado. Se recogieron 69 casquillos percutidos para calibre AK-47
Irrumpen en una fiesta
Por la noche del jueves, un grupo armado con fusiles AK-47 y AR-15 atacó a varios asistentes de una fiesta que se celebraba en el campo Plata, en el municipio de Angostura, dejando como saldo al menos dos muertos y un lesionado.
Se presume que dos personas más también perdieron la vida, con lo que sumarían cuatro los muertos, aunque sus cadáveres no han sido localizados y sus defunciones no pueden ser certificadas.
Según las primeras investigaciones varios amigos y familiares que trabajan como jornaleros agrícolas en las ciudades de Fresno, California, e Indio, en los Estados Unidos y se encontraban de visita, celebraban una fiesta con la tambora en dicho poblado.
En forma imprevista, por lo menos diez hombres armados con fusiles automáticos, a bordo de tres camionetas de lujo, llegaron al convivio y sin mediar palabra, abrieron fuego contra los presentes y asesinando presuntamente a cuatro personas, además de lesionar en forma incidental a una más que se encontraba a más de cien metros del lugar.
Por los peritajes levantados en el lugar de los hechos, en donde sólo se encontraron los cadáveres de José Guadalupe López Bojórquez y José Luis Gastélum Bojórquez, y se recolectaron más de cien cascajos percutidos, se presume que tanto los agresores como los agredidos portaban armas de fuego.
A la persona lesionada en el pie derecho, que responde al nombre de Karin Javier Fierro y que fue encontrado a más de cien metros de distancia de la fiesta, las autoridades toman su declaración para conocer su versión sobre los hechos.
En cuanto a las otras dos personas reportadas como muertas en este ataque, las autoridades judiciales tratan de certificar sus defunciones y localizar sus cadáveres.
El miércoles pasado aparecieron los cuerpos de dos personas, una mujer y un hombre en un vehículo abandonado a un costado del canal de aguas negras de Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco; al día siguiente, un par de menores, de los que omitimos publicar sus fotos por respeto a la personalidad y seguridad de ellos mismos, fueron encontrados por las autoridades deambulando por las calles de ese municipio. Desde entonces se dijo que podrían ser hijos del matrimonio asesinado. La Procuraduría estatal confirmó esto a la vez que identificaron a los fallecidos.
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